La Acción Judicial de los Particulares y la Interpretación Prejudicial en el Pacto Andino - Pico Mantilla, Galo (Revista Jurídica, 1993)
El sistema jurídico del Acuerdo de Cartagena faculta a los particulares para proteger sus derechos mediante dos vías principales: la acción directa de nulidad y la acción por incumplimiento ante jueces nacionales. Basado en el principio de Pacta Sunt Servanda y la aplicabilidad directa de la norma comunitaria, este marco impone a los Estados Miembros la obligación de adoptar medidas que aseguren el cumplimiento del derecho andino y de abstenerse de cualquier acto que lo obstaculice. Un pilar fundamental de esta estructura es la interpretación prejudicial, un mecanismo de colaboración judicial donde el Juez nacional, antes de dictar sentencia en procesos que involucren normas del Acuerdo, solicita al Tribunal Andino la interpretación oficial del precepto. Esta solicitud es facultativa en instancias inferiores, pero se vuelve obligatoria para jueces de última instancia, garantizando así la uniformidad jurídica en toda la subregión. Al ser la interpretación del Tribunal de cumplimiento ineludible para el juez local, se evita que el derecho comunitario adquiera significados distintos según el país, consolidando la seguridad jurídica necesaria para alcanzar el bienestar social y económico de la integración andina.