Proyecto de reformas al tratado del Tribunal - Salazar Manrique, Roberto (Revista Jurídica, 1996)
El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena inició sus funciones en 1984 con una década de retraso, lo que generó una acumulación crítica de incumplimientos normativos y una práctica de facto entre los Estados de no demandarse mutuamente. Históricamente, la inactividad judicial se ha debido a que la legitimación activa para interponer acciones de incumplimiento estaba restringida exclusivamente a los países miembros y a los órganos del sistema (Junta y Comisión), excluyendo a los ciudadanos. Ante esta ineficacia, el Tribunal ha impulsado desde 1986 diversas propuestas de reforma para fortalecer la legalidad comunitaria. El núcleo de estas reformas busca permitir el acceso directo de los particulares a la justicia andina y consolidar la interpretación prejudicial como herramienta de aplicación uniforme del derecho. No obstante, el texto advierte que la reforma institucional será insuficiente si los Estados miembros no adaptan sus estructuras constitucionales internas para reconocer principios básicos como la preeminencia y la aplicación directa del derecho comunitario. Mientras persistan doctrinas dualistas o resistencias jurisprudenciales nacionales, la integración jurídica andina seguirá siendo parcial, haciendo imperativa una armonización que convierta al ciudadano en un vigilante activo de sus derechos internacionales.