Acción Extraordinaria de Protección - Morán Maridueña , Ciro Camilo (Revista Jurídica, 2008)
La Constitución del Ecuador de 2008 introdujo una transformación significativa en el sistema de garantías jurisdiccionales, incorporando la Acción Extraordinaria de Protección como una de sus figuras estelares. Esta garantía, de competencia exclusiva de la Corte Constitucional, faculta la revisión y revocatoria de sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia que hayan sido dictados con violación al debido proceso o a cualquier derecho constitucional. Su procedencia es subsidiaria, es decir, requiere el agotamiento previo de los recursos ordinarios y extraordinarios, salvo que la falta de interposición no sea atribuible a la negligencia del titular del derecho. El análisis destaca una ambigüedad doctrinal al ser tratada indistintamente como "acción" o "recurso", lo cual genera debates sobre la seguridad jurídica y la vigencia de la cosa juzgada, dado que permite reabrir decisiones ejecutoriadas. Según los asambleístas constituyentes, esta herramienta surge como una respuesta a la histórica inobservancia de la jerarquía constitucional por parte de los jueces ordinarios y busca evitar que el Estado ecuatoriano sea sancionado por organismos internacionales de derechos humanos. Aunque sus críticos advierten sobre la posible creación de una "instancia adicional" que dilate los procesos y afecte la independencia judicial, la acción se erige como un mecanismo de cierre para asegurar que la Constitución prevalezca sobre cualquier norma o decisión inferior, garantizando la justicia material en el Estado Constitucional de Derechos.