Impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de resoluciones expedidas por la Superintendencia de Compañías sobre Intervención y Disolución de una Sociedad Anónima - Egas Peña, Jorge (Revista Jurídica, 1991)
Los recurrentes sostienen que las resoluciones de la Superintendencia son ilegales por haber violado el derecho a la defensa (falta de notificación de informes) y por parcialidad manifiesta. El argumento central del alegato rebate la tesis de la Superintendencia de que la intervención es un "acto discrecional e inimpugnable". Los actores demuestran que, según el Artículo 96 de la Constitución, todo acto administrativo es impugnable, y que la facultad de intervenir es reglada (sujeta a causales taxativas de la ley) y no discrecional (al arbitrio de la autoridad). Además, el texto denuncia que la intervención no es un "acto neutro", sino que causa un perjuicio real al estigmatizar a la empresa ante el sistema bancario y clientes, funcionando como una "antesala de la muerte" societaria. Finalmente, rechazan las excepciones de falta de personería, señalando que el Gerente General y el 60% del capital social tienen pleno derecho y obligación de defender la subsistencia de la compañía frente a actos administrativos arbitrarios.