La Justicia Administrativa en la Reforma Constitucional - Velázquez Baquerizo, Ernesto (Revista Jurídica, 1993)
La reforma constitucional de diciembre de 1992 en Ecuador se centró en la modernización de la función judicial para garantizar una administración de justicia más transparente, ágil y eficiente. El cambio más significativo fue la descentralización de la justicia administrativa, transformando el antiguo Tribunal de lo Contencioso Administrativo —que operaba como un órgano independiente con sede única en Quito— en una red de Tribunales Distritales integrados plenamente en la Función Judicial. Bajo esta nueva estructura, la Corte Suprema de Justicia asumió la facultad de organizar y supervisar estos tribunales en sedes estratégicas como Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. Esta transición resolvió el debate doctrinario al eliminar la autonomía jurisdiccional de la justicia administrativa, sometiéndola al control del poder judicial para proteger al ciudadano frente a posibles abusos del poder público. A pesar de estos cambios estructurales y la derogación de textos previos, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1968 se mantuvo como la norma secundaria aplicable para regular la impugnación de actos administrativos, consolidando así el Estado de Derecho y el control de legalidad sobre la administración pública.