Ley de Control Constitucional - Plaza de García, Norma (Revista Jurídica, 1999)
La Ley de Control Constitucional de 1997 regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional (TC) de Ecuador como el órgano supremo de control jurídico. El texto expone una postura crítica frente a la creación de este organismo, calificándolo como un "tribunal paralelo" que duplica funciones de la Corte Suprema y advirtiendo sobre el riesgo de politización, dado que sus vocales son designados mediante ternas de diversos sectores sociales y sujetos a juicio político por el Congreso. Entre sus facultades principales están resolver demandas de inconstitucionalidad de normas y actos administrativos, dirimir conflictos de competencia y actuar como instancia de apelación en garantías ciudadanas. Un aspecto central de la ley es la regulación de tres garantías fundamentales: el Hábeas Corpus, interpuesto ante alcaldes para proteger la libertad física; el Hábeas Data, que permite a los ciudadanos acceder, rectificar o eliminar información personal en bases de datos públicas o privadas; y el Amparo Constitucional, destinado a frenar actos ilegítimos de autoridades que causen daños inminentes y graves a los derechos constitucionales. La normativa establece procedimientos ágiles y sanciones severas, como la destitución de funcionarios, para asegurar el cumplimiento de estas garantías. Finalmente, el autor señala contradicciones jerárquicas entre esta ley y la supremacía de la Constitución, especialmente en la interpretación de derechos y la estabilidad de los funcionarios públicos.