Consulta a de las Sentencias Adversas al Estado o a Entidades del Sector Público - Hernández Terán, Miguel (Revista Jurídica, 1992)
El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil establece un mecanismo de protección al patrimonio público mediante la figura de la consulta. Esta norma prohíbe de forma absoluta que el Estado, las municipalidades y entidades del sector público renuncien al recurso de apelación, obligando a los jueces a elevar de oficio las sentencias adversas al inmediato superior, incluso si las partes no recurren. Esta medida busca prevenir perjuicios derivados de la negligencia, corrupción o casos fortuitos que impidan la impugnación oportuna por parte de los representantes legales de dichas instituciones. Jurídicamente, la consulta no posee la categoría de recurso, sino que es una obligación operativa del juzgador. Un aspecto fundamental es su carácter accesorio: la consulta solo procede cuando existe legalmente la posibilidad de interponer un recurso. Por tanto, si la ley deniega expresamente la apelación o la tercera instancia en un proceso específico, la elevación en consulta no tiene lugar, pues no se puede suplir una facultad que no existe. La jurisprudencia de la Corte Suprema ratifica esta correlación, determinando que la consulta es independiente del ejercicio del derecho a impugnar, pero estrictamente dependiente de la procedencia legal de los recursos pertinentes.