En Juicio por Peculado
Abstract
El compareciente, ingeniero y excontratista de IETEL (EMETEL R-2), denuncia la instauración de un proceso penal basado en un examen especial de la Contraloría que vulnera el derecho constitucional a la defensa y el principio de inocencia. El argumento central sostiene que la Dirección Regional 1 de la Contraloría violó flagrantemente el Art. 296 de la LOAFYC y su reglamento, al omitir la comunicación constante con los auditados y no permitirles presentar pruebas de descargo o conocer los resultados provisionales antes de la emisión del informe final.
El texto critica la pretensión de la Contraloría de forzar al Juez de lo Penal a dictar órdenes de prisión preventiva de forma automática, basándose en una interpretación errónea del Art. 342 de la LOAFYC. El autor defiende la independencia judicial, argumentando que el juez no es un mero tramitador de expedientes, sino que está obligado a valorar las pruebas bajo las reglas de la sana crítica y verificar la existencia de indicios reales de responsabilidad antes de limitar la libertad. Asimismo, señala que involucrar a profesionales que no manejaron recursos públicos sienta un "funesto precedente" de criminalización. Finalmente, invoca instrumentos internacionales como el Pacto de San José para subrayar que la prisión preventiva debe ser excepcional y no una pena anticipada, rechazando la arbitrariedad de los organismos de control en un Estado de Derecho.
Keywords
Derecho a la defensa, Control gubernamental (LOAFYC), Presunción de inocencia, Debido proceso, Prisión preventiva, Auditoría de ingeniería, Independencia judicial